La nueva normativa sobre trazabilidad que afecta al estanco

El Ministerio de Hacienda ha aprobado y, publicado en el BOE el 22 de diciembre, una orden que regula la trazabilidad del tabaco en nuestro país. En esencia, se trata de la trasposición de una Directiva de la Unión Europea, la famosa TPD, que establece la obligación de que cada cajetilla ha de ser rastreable e identificable desde su origen (fabricación), distribución y almacenaje. En este caso el ejecutivo español ha ido un paso más allá con una decisión que afectará al estanco.

A diferencia del resto de países de la Unión Europea, España ha considerado que tanto los estancos, como las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, deben hacer una labor de control cuando el tabaco se venda a través de máquinas expendedoras. Esta medida es más estricta que la aplicada, en general, en el resto de países europeos, donde se considera a la distribuidora como el último operador implicado en el proceso de trazabilidad de la cajetilla de tabaco.

¿Qué riesgo puede suponer la nueva normativa sobre trazabilidad?

En primer lugar, Hacienda ha considerado a los estancos que sumistran tabaco a las máquinas, como operadores económicos obligados a aplicar la trazabilidad. En cifras esto supone que España cuenta, solamente con los estancos, con 13.000 operados, tres veces más que los existentes en la UE, en torno a 4.000.

Asimismo, esta medida es sorprendente, ya que el tabaco que llega a la máquina expendedora proviene de un estanco identificado y acreditado. De este modo, sería duplicar una labor ya realizada anteriormente que, además, supondría a los estanqueros una serie de cargas administrativas y de gestión muy altas.

En concreto, estarían obligados a recabar y enviar información sobre las cajetillas a la base de datos que se creará para tal fin. Esto supondría que muchos estanqueros tendrían que invertir en nuevos equipos para realizar esta labor, con el consiguiente desembolso, y otros en cambio, podrían optar por dejar de vender a través del segundo canal, ya que el coste de estos equipos y el nivel de trabajo que exige, podría no serles rentable.

Por otro lado y ,obviando especulaciones, en España el 40% de las cajetillas de tabaco que se venden, procede de las máquinas expendedoras. Eso suma un total de 880 millones de paquetes, que en caso de que los estanqueros se nieguen o no puedan asumir la trazabilidad, supondría una pérdida estimativa de hasta 4.000 millones de euros.

La nueva normativa de trazabilidad también afectaría al resto de la industria

En caso de que las ventas de tabaco en el segundo canal sufrieran un descenso, esto tendría un impacto directo no solo en los estancos, sino también en las compañías fabricantes y distribuidoras. Este efecto dominó también llegaría a los pequeños agricultores y transformadores cuya actividad es una de las más significativas, económicamente hablando, en la región de Extremadura.

¿Podría generar un posible desabastecimiento?

Sí, es un escenario que también se puede dar. Hay que tener en cuenta que muchos estancos abastecen a localidades del entorno rural que no cuentan con una expendeduría y cuyos habitantes tienen que comprar tabaco en máquinas expendedoras ubicadas en bares y gasolineras.

En caso de no poder asumir la gestión de la trazabilidad, no contarían con un punto de venta y ello les podría forzar a recurrir a otros canales como pudiera ser el contrabando. Una situación paradójica puesto que, el principal objetivo de esta directiva es la lucha contra el tabaco ilícito.

 

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